Ecos efímeros de rebelión. Innovación táctica en el Paro Agrario peruano de 2020

Aroma Calderón

Pontificia Universidad Católica del Perú

aroma.calderonr@pucp.edu.pe

Omar Manky

Universidad del Pacífico

wo.mankyb@up.edu.pe

Micaela Reynoso

Universidad del Pacífico

mm.reynosog@up.edu.pe

Resumen. El Paro Agrario de 2020 fue una de las movilizaciones laborales más importantes de la última década en el Perú. Además de tener un carácter masivo y nacional, consiguió la derogación de una ley que durante dos décadas había otorgado a los trabajadores agrarios derechos diferenciados respecto a sus pares en otros sectores de la economía formal. A través del análisis de fuentes periodísticas, documentales y entrevistas con actores clave, este artículo examina el desarrollo de esta movilización desde la teoría de movimientos sociales. Sostenemos que el Paro fue una acción colectiva sin organizaciones sindicales o políticas que la sustentaran, lo que facilitó la adopción de tácticas confrontacionales como el bloqueo de carreteras en un escenario de crisis política. Notamos, además, que el carácter crítico del discurso de los dirigentes y lo masivo de la movilización no implicaron un cambio sustancial en las relaciones laborales ni en la capacidad de organización sindical. De allí que caractericemos al Paro como una protesta efímera, con efectos inmediatos pero incapaz de generar alternativas concretas en el mediano plazo. El articulo discute las implicancias de esto para los estudios laborales en la región.

Palabras clave: Perú, Paro Agrario, huelga, movimientos sociales.

Fleeting Echoes of Rebellion. Tactical Innovation in the 2020 Peruvian Agrarian Strike

Abstract. The 2020 Agrarian Strike emerged as one of the most significant labor mobilizations in Peru over the past decade. A massive nationwide mobilization, the strike achieved the repeal of a law that, for two decades, had granted differentiated rights to agricultural workers compared to their counterparts in other sectors of the formal economy. Based on journalistic sources, documentary evidence, and interviews with key actors, this article delves into the development of this mobilization through the lens of social movement theory. We argue that the strike was a collective action without the support of unions or political organizations, which led to confrontational tactics such as road blockages in the midst of a political crisis. We further observe that the critical nature of the leaders’ discourse and the extensive mobilization failed to produce significant changes in labor relations or union organizational capacity. Consequently, we characterize the strike as a fleeting rebellion—radical in its immediate actions and outcomes, yet unable to propose tangible alternatives for the mid-term. The article discusses the implications of these findings for labor studies in Peru and the broader region.

Keywords: Peru, Agrarian strike, Strikes, Social Movements

Introducción

Noviembre de 2020 marcó un hito histórico en el Perú. A mediados de aquel mes, movilizaciones masivas a nivel nacional propiciaron la renuncia del presidente Manuel Merino, quien había asumido el poder después de la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso. El saldo de las protestas fue la muerte de dos jóvenes en Lima y numerosas personas heridas en enfrentamientos con la policía en todo el país. A finales de ese mes se inició el «Paro Agrario», la protesta laboral más relevante de aquel año si consideramos su impacto social, su escala nacional y su efecto, al lograr la derogación de una ley que había sido crucial para la economía peruana durante dos décadas (Amaro, 2023). Estas características son llamativas dadas las debilitadas estructuras sindicales en la industria agroexportadora (Méndez, 2016).

A pesar de su relevancia, la discusión sobre el Paro ha estado ausente en la literatura académica1. Este trabajo intenta llenar ese vacío a través de un análisis detallado de fuentes secundarias y entrevistas con actores clave, como dirigentes y trabajadores de la agroexportación. Nuestro objetivo es comprender cómo se desarrolló y organizó la movilización. Argumentamos que el Paro ocurrió sin sindicatos u otros tipos de asociaciones laborales que lo convocaran, organizaran y respaldaran, adoptando medidas confrontacionales –por ejemplo, el bloqueo de carreteras– gestionadas por los propios trabajadores en un contexto de inestabilidad política. A pesar de que el Paro se caracterizó por su espontaneidad frente a protestas agrarias del siglo XX (Barcelli, 1971; Díaz Ahumada, 1974; Klarén, 1976), esto no implicó un fortalecimiento organizativo de los trabajadores. Sostenemos que, aunque surgieron nuevos liderazgos, estos enfrentaron un ambiente de desconfianza y represión estatal. De allí que pensemos al Paro Agrario como una movilización efímera: radical en sus medidas inmediatas, pero incapaz de construir alternativas concretas en el mediano plazo.

Nuestro análisis dialoga con la teoría de acción colectiva y tres elementos clave que esta subraya para comprender fenómenos de protesta: las oportunidades políticas, los recursos disponibles para la movilización y los procesos de encuadre por parte de quienes protestan (Arce, 2015; Benford & Snow, 2000; McAdam, McCarthy, & Zald, 1996; McCarthy & Zald, 1977). Las primeras se refieren al entorno político y cómo este afecta los incentivos para la acción colectiva. Los recursos, por su parte, comprenden los medios que permiten iniciar y sostener la protesta en el tiempo. Finalmente, el encuadre o «framing» subraya cómo los movimientos construyen significados de sus acciones y demandas. Estos conceptos permiten comprender la emergencia y desarrollo del Paro en un contexto de debilidad sindical.

La investigación tiene dos contribuciones centrales. Primero, respecto de los estudios laborales en el Perú, el Paro Agrario fue un conflicto relevante por su magnitud organizativa y efectos legales en el corto plazo, pero ha sido muy poco analizado hasta la fecha. Al respecto, buscamos describir con detalle sus dinámicas y abrir el debate sobre posibles interpretaciones de él. Segundo, el trabajo aporta a la discusión sobre movimientos sociales y represión en América Latina, pues reflexiona acerca de los desafíos que presenta la acción colectiva durante contextos contenciosos y de crisis de las organizaciones sindicales.

El resto del artículo se divide en cinco secciones. La primera describe el contexto peruano en términos de sus dinámicas políticas y respecto al sector agroexportador. La siguiente sección proporciona un marco para analizar el Paro y sus dinámicas específicas. Tras ello, se presenta la metodología del trabajo y sus hallazgos centrales. Terminamos con reflexiones sobre las protestas laborales en el contexto reciente.

La política laboral en el Perú contemporáneo

El lunes 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República aprobó la destitución de Martín Vizcarra, invocando su incapacidad moral para dirigir el país. El proceso resultó en su reemplazo por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esta decisión generó protestas masivas a nivel nacional. El martes 10, durante la toma de mando de Merino, comenzaron movilizaciones en varias ciudades, que se intensificaron a lo largo de esa semana. Las marchas enfrentaron la represión policial, incluyendo el uso de perdigones contra los manifestantes, una medida tácitamente respaldada por Merino. Durante las marchas del 14 de noviembre, la represión resultó en numerosos heridos y dos muertos (Fowks, 2020). Un día después, Merino renunció al cargo y fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien dirigió el país durante los siguientes ocho meses, cuando fue reemplazado por el presidente electo Pedro Castillo. Menos de un año y medio más tarde, en diciembre de 2022, este también fue destituido tras un fallido intento de cerrar el Congreso (Ilizarbe, 2023).

Los eventos, sucintamente narrados, revelan la fragilidad institucional de la política peruana. Una fragilidad que no era nueva. En 2018, se observaba que el Perú se acercaba al bicentenario de su independencia «con un gobierno débil y un sistema político fragmentado y poco representativo» (Arce & Incio, 2018, p. 376). Al menos desde 2017, tras las elecciones presidenciales que colocaron a Pedro Pablo Kuczynski en el poder, las tensiones dentro del sistema político se volvieron evidentes. Kuczynski renunció después de una serie de enfrentamientos con un Congreso liderado por el fujimorismo, lo que resultó en su sustitución por Vizcarra, entonces vicepresidente de la República. Desde ese momento, el proceso de destitución presidencial se convirtió en una característica recurrente de la política peruana.

Es posible ir algo más atrás aún. La debilidad del sistema de partidos peruano y la fragmentación de su sociedad civil han sido temas ampliamente discutidos desde las ciencias sociales durante al menos una década (Dargent & Muñoz, 2012; Panfichi & Coronel, 2010; Zavaleta, 2014). Una consecuencia de ello ha sido la presencia de actores con intereses propios, que priorizan sus demandas sin propiciar cambios significativos a nivel político (Dargent, 2021). Es decir, se trató de actores sin contrapesos y con una sociedad civil debilitada. El Perú carece de organizaciones sociales que sobrevivan a la protesta en el tiempo, o que reúnan demandas que vayan más allá de eventos episódicos. Como resume Coronel, «año tras año, los informes del Latinobarómetro confirman que Perú es uno de los países de la región –junto a Bolivia y Argentina– donde más gente participa en protestas» (2019). Sin embargo, estas no se articulan ni culminan en movilizaciones masivas, como en Chile o Colombia en 2018 y 2019, respectivamente. Esto permite entender que las protestas de noviembre de 2020 terminaran tan abruptamente como comenzaron, sin politizar reclamos como la lucha contra la corrupción, la desigualdad o la manera de distribuir el poder en el país.

Los episodios de movilización ocurridos durante la última década giraron en torno a demandas como el medio ambiente o la capacidad de decidir sobre proyectos de inversión por parte de comunidades nativas (Arce, 2015; Bebbington, 2011). Los sindicatos han sido desplazados del papel central que tuvieron en la sociedad peruana hasta mediados de la década de 1980 (Manky, 2011). El origen de la crisis sindical es múltiple. Existen elementos económicos que limitan la posibilidad de tener empleos regulares, el bastión tradicional de los trabajadores organizados. También existen factores legales, vinculados con la mayor flexibilidad de las relaciones laborales desde la década de 1990; así como políticos, relacionados con la poca legitimidad de los sindicatos y sus líderes en una sociedad donde la política es vista con desconfianza (Mejía, 2019). Sumado a ello, el movimiento sindical presenta diferencias internas. Por una parte, se tiene sectores con tradiciones políticas más o menos estables y capacidad de negociación colectiva, como trabajadores con contratos regulares en minería, o quienes trabajan en la construcción (Manky, 2019c). Por otra parte están los trabajadores autónomos, o trabajadores empleados bajo regímenes laborales especiales, como en la pequeña empresa o la agroexportación, con derechos restringidos (Romero, 2017). Esta heterogeneidad, sumada a las débiles redes políticas entre actores, han contribuido a una falta de cohesión y demandas unificadas.

La agroexportación ilustra estas dinámicas. La «Ley de Promoción Agraria» (Ley 27360), introducida en el año 2000, es relevante para comprender las dificultades para la organización sindical en el sector. Sobre su contenido, ella establecía un régimen especial de remuneraciones, descansos, vacaciones y seguridad social para los trabajadores agrarios (Romero, 2017). Aunque inicialmente pensada como una ley temporal, fue extendida varias veces: la última de ellas en 2019, cuando se prorrogó hasta 2031. La decisión se tomó sin contar con la activa participación de trabajadores, a pesar de la existencia de informes que notaban los desafíos laborales que esta generaba para sus condiciones de trabajo (Araujo Raurau, 2019; Castro, 2017; Méndez, 2017). La flexibilidad de los contratos laborales hacía que hubiera pocos sindicatos –conformados mayoritariamente por trabajadores con empleos regulares, una minoría en el sector–, y que muchos de los intentos de organización terminaran con el despido de los dirigentes. Las pocas organizaciones que lograron formarse y obtener avances lo hicieron con apoyo de acuerdos internacionales que obligaban a las empresas a reconocer derechos colectivos (Méndez, 2016). Esta realidad explicaría que, a pesar del malestar que podría existir en las zonas de agroexportación, no existan registros de protestas significativas en Ica o La Libertad antes de noviembre de 2020. Igual que en otros países de Latinoamérica, las protestas de asalariados no han sido frecuentes: encontramos dos casos sistemáticamente estudiados en México y Brasil, donde se han bloqueado vías de transporte (Fischer-Daly, 2022; Selwyn, 2007). Aunque en estas hubo mayor organización previa al evento y los sindicatos participaron activamente; no han podido tener resultados a largo plazo, ni un cambio de legislaciones a nivel nacional como en el Perú.

Sin referentes internacionales de lucha del proletariado rural y sin medios institucionales adecuados, la organización en el sector agroexportador era sumamente difícil. En este sentido, el paro de 2020 fue sorpresivo: fue una movilización que incluyó huelgas, bloqueos de carreteras centrales (la Panamericana Sur y Norte), e incluso el ataque violento a vehículos que no se detenían en las carreteras, y a algunos fundos agroindustriales. Estas estrategias contrastan con la ausencia de protestas en la agroexportación peruana en las primeras décadas del siglo XXI; pero también con la movilización que tiene lugar en espacios institucionalizados, con negociación colectiva, sindicatos o caminos para el diálogo social, como en los sectores minero o manufacturero.

La literatura sobre movimientos sociales ha destacado que las condiciones estructurales no explican por sí solas cuándo ocurre una movilización ni las dinámicas de esta. Notar este vacío es clave tomando en cuenta las dinámicas disruptivas de la protesta, que se aparta de las tradicionales del sindicalismo peruano y del exterior. En la siguiente sección, proponemos un marco que permita comprender el carácter contencioso del paro en un escenario de debilidad sindical.

Hacia una sociología de la protesta laboral peruana

Entendemos el Paro Agrario de 2020 como una protesta laboral que, aunque tuvo demandas económicas precisas (derogar la Ley Agraria), se caracterizó por su naturaleza espontánea2. A diferencia de una huelga convencional, organizada por sindicatos siguiendo las pautas del Ministerio de Trabajo, el Paro fue una movilización disruptiva que emergió sin una coordinación centralizada. Entonces, puede entenderse como un «movimiento social» en el sentido de Tarrow (1995, p. 229): un desafío grupal contencioso planteado por personas con objetivos comunes en interacción con las élites y autoridades. Esto nos hace analizarlo considerando elementos clave detrás de los movimientos sociales, como las oportunidades políticas, la movilización de recursos y los procesos de encuadre (Arce, 2015, p. 28).

El primer punto hace referencia al entorno político y cómo afecta los incentivos para la movilización. Cuando, por ejemplo, existen aperturas en el sistema político es probable que grupos que buscan cambios sociales se movilicen (McAdam et al., 1996; Meyer & Minkoff, 2004). McAdam y Tarrow (2019) señalan que la oportunidad política abierta puede generar espacios para desafiar el statu quo. Estudios previos han identificado cómo los sindicatos pueden analizar la estructura de oportunidades políticas (Ioannou, 2020). Al respecto, existen comparaciones sobre cómo los entornos políticos facilitan movilizaciones en la región. Por ejemplo, cuando se analiza la ocurrencia de huelgas ilegales en Chile en el ciclo contemporáneo de protestas, debido a las dificultades para movilizarse institucionalmente, a través de las reglas de juego dadas, por parte de trabajadores precarios (Pérez, Medel, & Velásquez, 2015). En el caso argentino, la discusión sobre revitalización sindical y los caminos de la movilización laboral enfatiza el ciclo de oportunidades que se abrió con gobiernos progresistas durante los últimos 20 años (Senén González & Del Bono, 2013).

Respecto de los trabajadores agrarios peruanos, las oportunidades abiertas durante períodos de inestabilidad política de finales de la década de 1920 (Klarén, 1976) y finales de la década de 1960 (Quijano, 1979) fueron cruciales para alentar su movilización. Lamentablemente, encontramos menos discusiones sobre lo que ocurre en contextos en los que no existen estructuras de representaciones institucionalizadas que aprovechen la inestabilidad, más allá de notar las limitaciones del sistema político para dialogar sobre temas laborales (Manky, 2014). El vacío es llamativo si consideramos que se han registrado otras instancias de movilizaciones, como la marcha de «los pulpines» de 20143 (Dinegro, 2015; Fernández Maldonado, 2015) o marchas de trabajadores públicos, como docentes.

Estas movilizaciones son llamativas porque se dan frente a procesos de cambios legislativos que, para sus participantes, los perjudicarán. El Paro Agrario se trató de una protesta frente a una continuidad que llegó a percibirse como injusta. Otro elemento que parece clave en este proceso fue la pandemia de COVID-19. Durante esta, dadas las medidas de confinamiento y la recesión económica, miles de trabajadores en todo el mundo se movilizaron frente a la percepción de desigualdades crecientes y el empeoramiento de su calidad de vida (Della Porta, 2022). Desde aquí, el Paro habría sido una forma de visibilizar demandas y exigir cambios que, aunque no necesariamente era novedosos, sí fueron reclamos catalizados en la coyuntura nacional.

El segundo aspecto destacado por la teoría sobre movimientos sociales son los recursos disponibles para la protesta (McCarthy & Zald, 1977). Los recursos económicos, humanos o simbólicos son clave para las organizaciones laborales, especialmente en el caso de trabajadores precarios, pues carecen de mecanismos institucionales que los defiendan (Manky, 2018). Estos recursos varían dependiendo del entorno político, por ejemplo, de aliados internacionales o del Gobierno de turno en países con tradiciones sindicales sólidas (Murillo & Schrank, 2005). No obstante, se sabe menos sobre qué ocurre cuando no existen estas tradiciones, o cuando los trabajadores no encuentran en los sindicatos recursos para protestar. En el Perú, como en otros países latinoamericanos, existen centrales sindicales muy debilitadas. En este marco, es crucial analizar otros recursos que permitan sostener la protesta en el mundo rural, como por ejemplo las redes de conocidos a nivel local o nacional, o el apoyo de ONG o activistas independientes.

Otro recurso clave es el de los liderazgos. Aunque no es una tradición asentada en los estudios sobre el trabajo en el país, los líderes son piezas clave en la constitución y cambios en las organizaciones laborales. Discusiones recientes han notado la importancia de nuevos activistas para los procesos de cambio en el sindicalismo norteamericano (Cornfield, 2023). Al respecto, Ganz (2000) destaca que no basta con que el sindicalismo tenga acceso a recursos, sino líderes que sean capaces de desarrollar estrategias sobre cuándo y cómo utilizarlos estratégicamente. Los líderes resultan de procesos sociales específicos a cada sociedad. En el caso de los dirigentes, son clave su aprendizaje político, su compromiso con determinadas causas y que tengan la capacidad de sostener su liderazgo en el tiempo. Es posible pensar en dos escenarios extremos: en algunos espacios, los dirigentes sindicales van pasando por pruebas institucionalizadas en las que aprenden y muestran sus capacidades, «desde abajo». Mientras que, en otros, ello ocurre de forma espontánea cuando, por ejemplo, acontece una protesta que alcanza altos grados de notoriedad. En contextos de debilidad organizativa, desconfianza y represión desde el Estado, estos líderes «espontáneos» se encontrarían con obstáculos significativos para avanzar con propuestas sostenibles (Manky, 2019a).

El tercer factor, relacionado con el encuadre o «framing» de la protesta destaca cómo los movimientos sociales interpretan y construyen los significados de sus acciones, demandas y los de sus oponentes (Benford & Snow, 2000). Los marcos interpretativos que diagnostiquen problemas y propongan soluciones son clave para motivar a las personas durante la protesta. Por ejemplo, en Chile, las movilizaciones de los trabajadores contratistas mineros estuvieron marcadas por una lucha por su dignidad, ya que ellos notaban las desigualdades existentes respecto de los trabajadores contratados directamente por las empresas (Muñoz, 2017). Para la movilización, es crucial no solamente que existan desigualdades, sino que ellas sean reconocidas como injustas. Durante los últimos años, sin embargo, en América Latina, surgió evidencia sobre las dificultades para desarrollar este tipo de enmarcados, dada la primacía de discursos sobre la libertad del consumismo y la lógica del emprendedurismo (Stillerman, 2005; Suárez, 2021).

La mirada sobre recursos y enmarcado permite preguntarse sobre elementos que facilitan la movilización en contextos adversos. Esto es especialmente relevante en espacios como el campo peruano, en el que las perspectivas de movilización laboral se han visto reducidas en las últimas tres décadas. A pesar de intentos de fortalecimiento sindical durante las décadas de 1960 y 1970, la crisis económica, la violencia política durante la década de 1980 y los procesos de privatización y despolitización posteriores, limitaron significativamente la capacidad de articulación laboral (Mayer, 2018).

En resumen, hasta aquí el artículo propuso tres ideas clave. Primero, que es posible protestar por cuestiones laborales incluso en un país como el Perú, donde los sindicatos están debilitados. Segundo, que, para comprender las tácticas contenciosas del Paro Agrario, es crucial analizar sus condiciones sociales, para lo que proponemos mirar oportunidades políticas, recursos disponibles y procesos de enmarcado. A través de este enfoque pretendemos comprender cómo surgen tácticas y conflictos no convencionales que confrontan la represión estatal, y cómo, en contraste con la emergencia de un sindicalismo militante, las tácticas no convencionales podrían ser el último recurso, más que resultado de una discusión en el interior de un debilitado movimiento obrero.

Metodología

El objetivo de esta investigación fue analizar en detalle el Paro Agrario, principalmente notando lo que ocurrió en los dos espacios clave de movilización, Ica y La Libertad, entre noviembre de 2020 y enero de 2021. La agroindustria ha adquirido enorme relevancia económica en las últimas dos décadas y es, junto con la minería, uno de los pilares del crecimiento económico del país (Amaro, 2023; Chacaltana, 2010). El Perú se ha convertido en uno de los productores globales más importantes de productos como espárragos, paltas y arándanos (Promperustat, 2023). En este contexto, Ica y La Libertad son dos de las regiones más importantes en este ámbito. En 2020, las agroexportaciones de Ica alcanzaron un récord de US$ 1294 millones, consolidándose como un polo clave de la agroexportación nacional. Por su parte, La Libertad destaca por su diversificada oferta exportadora, donde los bienes agroindustriales representan el 50% del total (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).

En Ica destacan productos como uvas, cítricos y espárragos, mientras que en La Libertad sobresalen cultivos como arándanos, espárragos, paltas y cebollas. Aunque es posible encontrar compañías con más de 1000 hectáreas en operación en ambas regiones, las del norte son las más amplias del país. Los capitales suelen ser nacionales y mixtos; pero también, en años recientes, se han situado empresas extranjeras (Monsanto) o se han transnacionalizado algunas peruanas (Camposol, grupo Dyer).

Para este estudio, se empleó una metodología que combinó la revisión de fuentes secundarias y la realización de entrevistas en profundidad con actores clave. La revisión de fuentes secundarias consistió en dos partes. La primera fue el análisis de 809 noticias periodísticas publicadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, que cubrían los principales eventos del conflicto. Se utilizaron dos medios nacionales destacados, El Comercio y La República, y el diario local La Lupa, de Ica, donde inició el conflicto. Se seleccionaron y sistematizaron todas las noticias que contenían palabras clave como «paro agrario», «agroexportación», «huelga» y «movilizaciones». Tras ello, se categorizaron las noticias bajo tres temáticas: contexto del régimen y economía agraria, seguimiento detallado de los hechos del conflicto, y repercusiones en las regiones Ica y La Libertad. Adicionalmente, se hizo una revisión exhaustiva de otras fuentes secundarias, como investigaciones académicas, documentos oficiales, informes gubernamentales y otros recursos, como videos de las negociaciones que fueron transmitidas en vivo. Estas fuentes sirvieron para complementar y enriquecer la información obtenida de las noticias.

Por otro lado, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas principalmente en la región Ica, dada su relevancia como punto de inicio de las manifestaciones. En total, se efectuaron 42 entrevistas que duraron en promedio 35 minutos cada una. Los entrevistados fueron actores relacionados con el conflicto: trabajadores agrarios en diferentes roles, líderes sindicales, actores de la sociedad civil presentes durante el paro, funcionarios públicos de instituciones como la Defensoría del Pueblo e inspección laboral, empresarios agroexportadores y académicos con experiencia de campo en las áreas afectadas. Estas entrevistas fueron parte de un trabajo de campo ejecutado entre los meses de julio y agosto de 2023. Es importante mencionar que la visita se dio en un contexto de tensión entre las fuerzas policiales y los trabajadores. Por lo tanto, «el estar allí» produjo una serie de observaciones y anotaciones de campo que también se consideran en la presentación de nuestros hallazgos. Antes de iniciar las entrevistas, se solicitó a los participantes su consentimiento para tomar notas y utilizar sus testimonios de manera anónima. Posteriormente, se transcribieron, y su análisis se estructuró alrededor de tres ejes temáticos: antecedentes del paro, detalles de las protestas, y consecuencias organizativas post-movilización.

La combinación de fuentes secundarias y primarias permitió reconstruir un panorama detallado del Paro Agrario. La revisión exhaustiva de noticias y documentos ofreció una cronología de los eventos centrales y actores involucrados. Las entrevistas a participantes directos brindaron una mirada en profundidad a las dinámicas de la protesta, ayudando a entender aspectos como los recursos movilizados para sostener el paro, las tensiones entre participantes, y los desafíos enfrentados por nuevos dirigentes. En conjunto, esta aproximación mixta hizo posible analizar el paro agrario considerando tanto la secuencia de eventos públicos como las vivencias y perspectivas de quienes impulsaron la acción colectiva.

Hallazgos

Convocando la protesta

El Paro se inició bajo la figura de marcha pacífica en la madrugada del lunes 30 de noviembre del 2020 en Ica. En pocos días, esta se posicionó a través de la toma de dos de las principales carreteras de conexión del país: la Panamericana Sur y, posteriormente, la Panamericana Norte. Esta toma de vías se enmarcó en un discurso de cuestionamiento al contexto de crecimiento económico de los últimos años, base desde la que se constituyó un discurso crítico sobre el Estado y su capacidad de velar por la ciudadanía. Durante el trabajo de campo, un dirigente del sector de Guadalupe y Expansión (Ica) notó: «hay que llamarlo así, con nombre propio, esas protestas dieron vida a muchas demandas de los trabajadores de aquí, en Ica».

Aunque no hubo una articulación orgánica y directa con experiencias históricas anteriores en la agroindustria, la protesta se nutrió del malestar acumulado en el mundo rural y laboral peruano (Eguren, 2021; Oré, 2021). En Ica, previamente al Paro, ya existían cuestionamientos a las políticas empresariales y estatales. De acuerdo con dos dirigentes de sindicatos agroexportadores, en el 2019 se habían acercado a autoridades para impedir la ampliación del régimen especial agrario hasta el año 2031. Ellos, así como trabajadores no afiliados, expresaron su descontento con la ley por los recortes de sus derechos laborales. A partir de las entrevistas realizadas por medios de comunicación y por nuestro equipo en el campo, encontramos que, para los trabajadores, su esfuerzo diario no se estaba traduciendo en condiciones laborales y de vida dignas (La Lupa, 2020a). Una trabajadora entrevistada notó que no había descansos, «a pesar de ser un trabajo intenso […] tenemos baños insalubres, centros de salud insuficientes…».

La pandemia fue un elemento que generó un contexto propicio para la protesta, al agudizar los problemas en la economía familiar de los trabajadores, generando además una sensación de destino común como afectados (Della Porta, 2022). Así, de acuerdo con entrevistados en Barrio Chino, en 2020, la oferta laboral se redujo en un porcentaje considerable: «Afectó bastante, no se trabajaba al 100%. Nosotros sí hemos trabajado, los que éramos operadores de máquinas, pero los del campo, [que son la mayoría], no», comentó un tractorista. Un empresario agroindustrial destacó que el impacto principal fue que el ingreso económico en el interior de las familias se redujo, pues, por ejemplo, sin escuelas abiertas, ya no podían salir a trabajar ambos padres. Por lo tanto, al existir nuevos gastos, como tratamientos para la COVID-19 o sepelios para los fallecidos, no alcanzaba; lo que generó mayor indignación con su situación. Según una investigadora de la zona, durante su trabajo de campo encontró que, en la experiencia de algunos trabajadores, estos se vieron sorprendidos al enterarse de que no contaban con los mismos beneficios laborales que el resto: «Ellos no podían reclamar la devolución de un cierto monto del CTS, como sí podían hacerlo los del régimen laboral general. Eso también los concientizó de su precariedad»4.

Algunos entrevistados resaltaron que hubo una falta de apoyo desde el Estado o no tenían conocimiento de bonificaciones que pudieran subsanar la crisis (al respecto, véase Oré, 2021). Consecuentemente, muchos de ellos tuvieron que retornar a sus lugares de origen, aumentando aún más la sensación de cuestionamiento y crítica al aparato político. Una trabajadora, proveniente de Amazonas, comentó que, si bien había cierto movimiento en el sector, eran obligados a quedarse en casa: «Nadie salía porque decían que todos se están contagiando. Y no te permitían salir los policías, parabas encerrado. Quizás salías a comprar, pero te llamaban la atención». La pandemia no solo agudizó problemas económicos, sino que contribuyó a enmarcar la situación de los trabajadores como una de injusticia y falta de apoyo estatal, motivando su participación en la protesta.

En días previos al inicio del Paro, algunos trabajadores emitieron una primera notificación para su realización, la cual, de acuerdo con un dirigente y una exsecretaria sindical, no fue tomada en cuenta por la mayoría de los obreros: «se decía mucho en Facebook, tanto quejas como una convocatoria; pero en los comentarios sobraban quienes decían que era una pérdida de tiempo», señalaron. Días más tarde, hicieron otro comunicado, anunciando la marcha pacífica en la región Ica, denominada «La Gran Huelga General de Todos los Trabajadores» (La Lupa, 2020a). Este comunicado, según un trabajador, fue publicado en redes sociales; principalmente, en grupos de Facebook y WhatsApp, donde usualmente se comparten ofertas laborales de diversas empresas. A la par, la información se esparcía boca a boca: «Me enteré por unos amigos. Ya se estaba programando, o sea, desde días antes ya se escuchaba, pero en el momento nos enteramos», nos comentó un trabajador. De este modo, ante la falta de estructuras sindicales fuertes, los trabajadores movilizaron recursos comunicativos informales pero efectivos, como redes sociales y el boca a boca, para difundir la protesta.

Efectuada la convocatoria, el 30 de noviembre se inició la marcha pacífica, la cual tomó por sorpresa a trabajadores y residentes de Barrio Chino. Una trabajadora comentó que se enteró ya estando en la puerta del fundo. De inmediato, los supervisores le comunicaron que se regresara a su hogar, ese día no iba a haber trabajo: un grupo ya había tomado la carretera. La convocatoria a la protesta se vio facilitada por la inestabilidad política de las semanas previas, en tanto lo logrado entonces a través de marchas –cambiar un presidente– abría esperanzas incluso sin una coordinación centralizada. Se bloquearon, entonces, tres tramos de la Panamericana Sur (El Comercio, 2020c). El primer punto bloqueado fue el sector del Álamo, y se extendió hasta el distrito de Salas Guadalupe, donde se encuentran Expansión Urbana y Barrio Chino. En el caso de La Libertad, la protesta se inició cuatro días después que en el sur del país. Esto se situó a la altura de los centros poblados Nuevo Chao, San José y Valle de Dios, de la provincia de Virú.

En la zona del Álamo participaron una gran diversidad de personas. A los trabajadores de la agroexportación, tanto hombres como mujeres, se sumaron vecinos de las zonas aledañas. Es relevante destacar que, en los videos y testimonios recogidos por periodistas en ese momento, dirigentes y trabajadores criticaban la ley por su origen, llamándola la «ley Chlimper», pues fue promovida por José Chlimper, accionista de la empresa agroindustrial Agrokasa. Lo anterior permitió que, como sugieren Benford y Snow (2000), se desarrollara un enmarcado que politizaba la relación laboral. Se planteaba la ley no como un producto pensado para el beneficio de todos, sino que privilegiaba a un grupo sobre otros.

Enterados del éxito de la convocatoria, llegaron algunos dirigentes sindicales de las empresas del sur de Ica y la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica). Esta última cumplió un rol clave al documentar las primeras horas del Paro (Codehica, 2020). En Barrio Chino, familias enteras se sumaron a la medida con sus propios recursos: alimentos, dinero, medicinas, entre otros elementos, para apoyar en los bloqueos, ollas comunes y momentos de represión. Como consecuencia, se vieron detenidos pasajeros y conductores de buses interprovinciales, que experimentaron una difícil situación por falta de agua y acumulación de desechos (El Comercio, 2020b).

Sosteniendo el bloqueo de la carretera

En contraste con huelgas tradicionales, el Paro surgió sin un planeamiento anticipado: el éxito de la convocatoria sorprendió incluso a sus impulsores principales: «Nosotros lo organizamos como una chacota, algo espontáneo por el hartazgo de lo que se vivía en el fundo. Pero esto al final se había descontrolado por totalidad, no imaginamos que iba a ser tan masivo». Pronto, la protesta devino en un bloqueo de la Panamericana Sur. Esta paralización fue sostenida gracias a piquetes construidos mediante el posicionamiento de piedras y palos en la vía, la quema de llantas e, incluso, toma de peajes y fundos cercanos; generando una fila de 17 kilómetros de vehículos varados (El Comercio, 2020a). Aunque la «toma de carreteras» no es un repertorio nuevo de protesta en el país, lo es en la movilización laboral, por lo general más atada a negociaciones institucionalizadas, salvo por algunas excepciones, como en el caso de los contratistas mineros (Manky, 2019b).

Para comprender cómo se sostuvo esta protesta en Ica, debemos tomar en cuenta, primero, recursos humanos que fueron clave para la movilización. Sobre esto, llama la atención la diversidad de los manifestantes: el género, la edad y el lugar de origen no fueron impedimento para participar. Las mujeres tuvieron un papel importante en tanto que eran las encargadas de organizar las ollas comunes y de cuidar en los momentos de represión, echando agua y vinagre en los rostros de los compañeros o tirando baldes de agua para apagar las bombas lacrimógenas. Los hombres, por su parte, se centraron en la toma de la carretera y los enfrentamientos con la policía; un testimonio de un trabajador detalla más la experiencia del bloqueo: «En la Panamericana había una mini-custer5 botado, ya, ahí era nuestra casa para nosotros. Ahí nace el colectivo. Éramos 10 personas, como guerreros que se quedaban ahí en las madrugadas, sin toda la gente ahí apoyándonos como ocurría en el día».

Además de ellos, como se señaló, participaron los miembros de familia: abuelos, hijos adolescentes, parejas, etc. Parafraseando a los propios participantes entrevistados, «todo el pueblo se había levantado». En el sur de la ciudad de Ica, en el distrito de Santiago, los pocos sindicatos existentes pudieron participar, ya que allí se ubican sus empresas. Ellos apoyaron con donaciones y otros recursos, pero no fueron protagónicos como la propia autogestión de los demás obreros. Esta multiplicidad de participantes da cuenta de la capacidad de los trabajadores para movilizar recursos humanos trascendiendo a las organizaciones tradicionales e involucrando a distintos miembros de la comunidad local en la protesta.

Respecto a los recursos materiales, como alimentos, agua y combustible para los piquetes, estos permitieron sostener la importante cantidad de personas involucradas en la movilización. Para conseguirlos, fue necesario que se destinara a un grupo de manifestantes a visitar cada una de las tiendas del barrio para pedir donaciones. Un bodeguero del sector, a la par vigilante de una agroindustria, nos comentó lo siguiente: «Mira, acá todas las tiendas apoyan con agua, con soya, un kilo de arroz. ¿Por qué? Pues, si son personas que están reclamando un derecho, lo que es agricultura, entonces, ¿por qué no apoyarlos?». De esta manera se sostuvieron las ollas comunes. La misma estrategia se utilizó cuando empezaron los enfrentamientos con la policía, puesto que, ante los casos de heridos, los dirigentes buscaron a las farmacias para que brinden medicinas.

Los trabajadores de La Libertad adoptaron la misma estrategia de bloqueo que Ica. Esta región inició el paro durante la madrugada del jueves 3 de diciembre, tras ver el masivo apoyo a la protesta en el sur. Aquí se pueden resaltar los recursos comunicativos que tuvieron que impulsar para asegurar la difusión de informes relevantes y coordinar acciones, a pesar de la dispersión geográfica. Para ello, por ejemplo, fue necesario utilizar grupos de WhatsApp. Los enfrentamientos allí, sin embargo, terminaron en la muerte de un trabajador agrícola de 19 años, Jorge Muñoz (La Lupa, 2020e; La República, 2020e).

Cabe agregar que, según lo comentado por los trabajadores de Ica, la comunicación entre La Libertad y esta región no fue tan sólida como con los de otras partes del mismo departamento: Nasca, Chincha o Pisco. Más aún, el grupo que concentró a los voceros que emergieron del paro se encontraba en la misma provincia: Barrio Chino, Expansión, Santiago o Los Aquijes. Ellos conformaron un Comité de Lucha, con dirigentes para cada uno de los sectores. Estos últimos fueron seleccionados en el mismo momento previo a cada negociación. Resaltaban, de acuerdo con los entrevistados, por su capacidad de hablar en público, conocimientos básicos sobre derechos laborales y su participación activa en el Paro. La espontaneidad de este comité se manifiesta en la siguiente cita de un dirigente sindical: «Los voceros salieron simplemente de distintos puntos, muchos voceros. Y al final se elige entre todos los voceros la junta directiva. Ya éramos, no me recuerdo muy bien, 30, 40 voceros. Solo de ese pequeño grupo de voceros, nomás, ya se eligió la junta directiva».

Aunque hubo horarios de apertura de vías, el bloqueo en Ica se mantuvo durante cinco días hasta la derogatoria de la ley. Estas acciones culminaron en la represión desplegada por la Policía Nacional: «Como Barrio Chino es chico, la policía entraba a las pampas y rodeaba a todos, no había escapatoria. ¿Qué hacía la gente? Entraban a sus domicilios y ahí bombardeaban con las lacrimógenas», comentó un trabajador originario de Pucallpa. Hasta el viernes 4, día de la derogatoria de la ley, el Minsa reportó un total de 44 personas heridas, considerando ambas regiones de enfrentamiento (El Comercio, 2020d). A pesar de estas condiciones, los trabajadores se enfrentaron a las fuerzas estatales para persistir en el bloqueo: desde mujeres tirando baldes con agua desde sus techos para apagar bombas lacrimógenas, hasta farmacias subsanando la falta de atención estatal de los heridos de la represión. Cabe recalcar que esta multiplicidad de recursos surgió de la propia gestión de los trabajadores, dado que no pudo provenir de las centrales sindicales ni de los partidos políticos.

Este proceso se vio acompañado de una lectura común de la situación laboral por parte de los trabajadores. Ellos adoptaron discursos que resaltaban su condición como parte de la clase obrera. Esto se vio reflejado en las declaraciones de la fuerza laboral a los medios: lo primero que defendían era la derogatoria de la Ley 27360; luego, reclamaban erradicar a las empresas contratistas en el sector; y, por último, denunciaban los maltratos que recibían. El desarrollo de un discurso común y una identidad colectiva refleja la importancia de los procesos de enmarcado para sostener la movilización, especialmente en ausencia de estructuras formales (Benford & Snow, 2000). Es una narrativa que permitió posicionarse frente a los empresarios y al Estado como agentes de cambio y resistencia.

Negociando sin líderes

A la par del desarrollo de la protesta, los trabajadores asistieron a reuniones de negociación con actores estatales y empresariales. Hubo cuatro negociaciones durante la primera semana del conflicto, las cuales evidenciaron la debilidad y rivalidad de los liderazgos en Ica; así como la tensión imperante contra las figuras políticas que se hicieron presentes en las discusiones. La primera reunión en Ica se organizó en el segundo día del paro, el martes 1 de diciembre, en la que se envió la «Comitiva de Diálogo y Negociación» desde el Gobierno Regional.

La participación de miembros del Estado comprendió a ocho instituciones6, mientras que del lado de los trabajadores asistieron el presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica (Frentagri), Julio Carbajal7, y otros trabajadores más cuyos cargos no fueron detallados por los medios (La Lupa, 2020b). Sin embargo, en las entrevistas se destacó también la participación de los miembros de Fentagro, que agrupa a los pocos sindicatos existentes en el sector; así como otros dirigentes sindicales. En esta reunión no se llegó a acuerdos, y se continuó con la protesta.

La segunda negociación fue al día siguiente. En ella se consiguieron algunos acuerdos, lo que permitió una tregua de siete horas. No obstante, fueron finalmente desconocidos y el acta final no tuvo ni la aprobación ni la firma de los trabajadores. Esto último se debe a que un grupo de ellos afirmaba no haber estado presente en la primera reunión y desconocían a los que habían participado. Había disputas internas de por medio, a tal punto que se calificaban entre sí como «traidores».

Estas divisiones no son excepcionales. Paralizada la Panamericana, una consecuencia inmediata fue el desabastecimiento de alimentos y medicinas en las provincias y el alza de sus precios. Por ejemplo, a partir de las noticias revisadas, en el caso de Ica, subieron los precios de insumos como el apio, el nabo y el poro (La Lupa, 2020c). Además, los medios comentaron que 121 hospitales se vieron afectados por el Paro Agrario: 68 en el sur y 53 en el norte (La República, 2020a). Los sectores de Barrio Chino y Expansión, aunque participaron activamente del Paro, también emitieron sus quejas durante las entrevistas sobre este asunto. Muchos declararon que, aunque apoyaban la medida, era contraproducente el alza de precios. Otros, incluso, decidieron no participar y rechazarla por este motivo: «Todo sube y nada trae de bueno el paro», dijo un extrabajador de máquina de una agroindustria. Más aún, en el contexto del bloqueo de carreteras, los manifestantes tuvieron contiendas con los conductores de los buses paralizados, recibiendo pedradas de parte de los de Barrio Chino y Expansión (La Lupa, 2020d). Esto evidenció la radicalización del bloqueo, lo que generó cierto rechazo entre la misma población que estaba participando. Principalmente, fueron las mujeres quienes enfatizaron en las entrevistas el no ser «tirapiedra» o participar en actos de «vandalismo». La capacidad de sostener un discurso articulador de diferentes grupos se veía, de esta manera, debilitada más allá del inicio de la protesta. En este sentido, el paro reproducía dinámicas de una sociedad en la que las coordinaciones entre diferentes actores del mundo popular suelen ser limitadas.

Por otro lado, un informante criticó la presencia del líder de Frentagri porque «no se ha ganado el derecho de ser dirigente». Es decir, no fue parte activa de las medidas de lucha como sí lo fueron otros: «Nosotros tuvimos que dormir en la pista, mientras que algunos salían solo a hablar en los medios». En general, toda organización con mayores elementos de formalidad, como los sindicatos, era vista con desconfianza por los trabajadores. Según lo comentado en el campo, estos suelen «venderse» ante las empresas, olvidando su rol de voceros de las demandas establecidas. En este contexto de negociación, si bien participaron, no tenían gran legitimidad entre las bases. A partir de este suceso, una autoridad de la Defensoría del Pueblo comentó que la falta de representatividad de los dirigentes ocasionaría que, independientemente de la cantidad de negociaciones, los acuerdos no fueran reconocidos (Pereyra Colchado, 2020a). De hecho, un dirigente que surgió del Paro notó también las limitaciones de un liderazgo tan precario: «Nosotros si bien es cierto hemos sido elegidos en una asamblea, bajo firma, en un acuerdo, no teníamos el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, tampoco de ningún otro lugar. Entonces, eso hacía que ellos simplemente no nos quieran escuchar si no somos nadie».

La tercera negociación, el jueves 3 de diciembre, se desarrolló integrando un nuevo actor: el sector empresarial. La perspectiva de estos últimos fue similar a la estatal respecto a la organización de los trabajadores: había fragmentación entre ellos y no había un liderazgo reconocible para el diálogo. Sumado a ello, esta reunión no tuvo un resultado favorable, ya que los mismos trabajadores la declararon «una pérdida de tiempo» (La Lupa, 2020f). La cuarta negociación en Ica se desarrolló el viernes 4 de diciembre, con la participación de representantes de la Iglesia como intermediarios (La Lupa, 2020g). Sin lograr resultados, las protestas pronto se radicalizaron en el sur y norte del país. La tarde de ese mismo día, el Congreso derogó la Ley Agraria. A partir de esta decisión, los trabajadores y la policía empezaron a retirar los bloqueos (La República, 2020b).

Este recuento de las negociaciones permite notar la constante tensión entre participantes: ya sea de los trabajadores con el Estado y el empresariado, como entre ellos mismos. El propio Comité de Lucha notó los límites de su representación, pues los trabajadores no afiliados a federaciones, frentes y sindicatos se encontraban sin voceros. Entre los trabajadores, primaba el acuerdo de las bases más que las decisiones de representantes particulares. Los dirigentes asistían a las negociaciones «llevando el mensaje» y «debían confirmar la decisión consultando» todo a las bases. Se trata de una coordinación entre trabajadores con redes de actores locales y organización en torno a barrios sin que emerja un liderazgo definido.

La promulgación de la nueva Ley Agraria

Luego de estas negociaciones y la derogación de la ley, la tensión persistía, aunque sin enfrentamientos entre trabajadores y policías. La tensa calma se rompió el lunes 21 de diciembre. El día anterior, la presidenta del Congreso anunció por tercera ocasión la ampliación de su legislatura para continuar discutiendo sobre una nueva ley. El paro se había retomado tanto en el sur como en el norte. Se evidencia, entonces, un nuevo intento de movilización haciendo uso de los recursos disponibles.

Durante esta cuarta semana, las acciones en el sur iniciaron con una vigilia para luego reconstruir los piquetes en los mismos sectores del inicio del Paro (El Comercio, 2020e). Se reactivó así el Comité de Lucha. En este escenario, aproximadamente unos 700 policías fueron enviados a las regiones en protesta (La República, 2020c). De acuerdo con nuestros informantes, los enfrentamientos con la policía se agudizaron. Muestra de ello fue la gravedad de los heridos, que ahora incluyeron a personas ajenas al conflicto. Un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) dio cuenta de que se trataba de 26 personas heridas en total, cuatro de Barrio Chino en estado delicado (Pereyra Colchado, 2020b). Al respecto, un trabajador señaló: «La segunda parte del Paro fue la más violenta. Las bombas lacrimógenas entraban a las casas y llenaba de polvo todo. Era muy difícil salir por el miedo a terminar herido». Por otro lado, el Ministerio de Interior comunicó que 26 policías, a nivel nacional, se encontraban en la misma condición. Otro factor que evidencia esta agudización de los conflictos fue la quema de una ambulancia en Ica el 22 de diciembre (Redacción RPP, 2020).

Los recursos descritos se repitieron en esta segunda etapa del conflicto. Una diferencia importante fue que los trabajadores con mayor conocimiento sobre el funcionamiento de las negociaciones, se acercaron a nuevos actores, como Codehica, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y algunos miembros de la política nacional y regional, como el congresista Lenin Bazán y el alcalde de Chao, Ney Gómez. Ambos actores se presentaron en la zona del puente Virú y pidieron a los trabajadores llegar a una tregua (La República, 2020d). Asimismo, ya para este tiempo, los liderazgos se habían estabilizado en los sectores sin apoyo sindical: las personas que emergieron en las primeras semanas se consolidaron como voceros y el Comité de Lucha empezó a realizar actividades como la recolección de apoyo para las víctimas.

No obstante, estas figuras aún eran desprestigiadas por el Estado, que no concebía un diálogo con líderes fuera de los límites del sindicato. Más aún, las divisiones en la élite política, producto de la crisis de mediados de noviembre, habían ido cerrándose. El martes 29 de diciembre, se aprobó la nueva Ley de Promoción Agraria. Se realizaron, además, cambios como la designación de un nuevo superintendente de fiscalización laboral y otros 50 funcionarios (La Lupa, 2020h). No obstante, fueron modificaciones que ocurrieron sin espacios de diálogo. Incluso, las coordinaciones entre Ica y La Libertad se vieron limitadas. Ya no estaban tan comunicadas como en los primeros días del Paro.

De manera independiente, el miércoles 30 trabajadores en La Libertad retomaron por tercera vez los bloqueos en la Panamericana Norte, aunque con una menor intensidad (La República, 2020f). Se estableció una mesa de diálogo el viernes 1 de enero, en la que participaron ministros, autoridades regionales y trabajadores (El Comercio, 2021). A partir de los acuerdos tomados, se aceptó desbloquear la Panamericana Norte, cerrándose el ciclo de protestas del Paro Agrario.

Aunque miembros del Frentagri convocaron a una nueva manifestación para el 4 de enero de 2021, esta no fue reconocida por la mayoría de los trabajadores, para quienes la razón principal de la convocatoria recaía en intereses de partidos políticos (La Lupa, 2021). Este suceso refleja las limitaciones de la acción colectiva. Aunque se estableció un gran manejo de recursos que permitió mantener una propuesta radical, como la derogación de la Ley Agraria, no se llegó a construir organizaciones o figuras que aspiraran a plantear críticas a la nueva ley o que organizaran alternativas de protesta a mediano plazo. El surgimiento de nuevos liderazgos durante la protesta no logró consolidarse en organizaciones sostenibles debido a la represión y la falta de estructuras de oportunidad, lo que limitó la capacidad para mantener la movilización o plantear demandas a mediano plazo.

Discusión y conclusiones

Este artículo analizó el Paro Agrario peruano de 2020 mediante fuentes periodísticas, documentales y entrevistas con actores clave. A través de la literatura sobre movimientos sociales, atendimos al escenario de crisis política en que ocurrió; los recursos disponibles para quienes organizaron las protestas; y los discursos que emergieron en torno a la ley laboral y el Estado peruano durante las movilizaciones. Sobre esta reconstrucción, argumentamos que el Paro fue una acción contenciosa que desafió al sector agroexportador y al Estado, logrando la derogación de una normativa que, a decir de los principales dirigentes, perjudicaba a los trabajadores.

A pesar de esta victoria inmediata, notamos que la protesta no conllevó un cambio sustancial en las relaciones laborales ni resultó en nuevas organizaciones obreras. Emergieron nuevos liderazgos, pero ellos han tenido dificultades para sostenerse. Dicho esto, conviene notar que el impacto del Paro no necesariamente se agota en el corto plazo. La experiencia de esta movilización podría servir de referente para futuros conflictos en el sector, y algunos de los liderazgos forjados, aunque frágiles, podrían eventualmente rearticularse. De hecho, futuros trabajos deberían atender a las continuidades entre este evento y las protestas organizadas en Ica y La Libertad a inicios de 2022, tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia del país (Manky & Reynoso, 2023). En una línea paralela, conviene notar la necesidad de estudios que examinen cómo es que el Paro de 2020 alteró las dinámicas de oficinas públicas, como la Defensoría del Pueblo o la oficina de inspecciones laborales, y privadas, a través de cambios en las políticas de gestión de personal.

Este estudio hace dos contribuciones centrales. Primero, respecto de los estudios laborales peruanos, aportamos una mirada detallada sobre un conflicto laboral de relevancia histórica. Este no ha sido lo suficientemente abordado por la literatura académica antes, y nuestra mirada ofreció una reconstrucción detallada y sistemática, apoyada en diferentes medios de comunicación y testimonios. Creemos que futuros trabajos podrían, además, incorporar la trayectoria aquí mapeada en una mirada histórica más ambiciosa, atendiendo a las continuidades y rupturas en las estrategias de lucha de los trabajadores asalariados de la agroexportación peruana.

En segundo lugar, respecto de los estudios laborales en América Latina, este trabajo muestra cómo los trabajadores pueden movilizarse y resistir en medio de procesos de crisis política, fenómenos cada vez más frecuentes en la región. El Paro Agrario muestra que, incluso en ausencia de sindicatos, las crisis pueden abrir espacios para la acción colectiva de trabajadores precarios, basada en redes comunitarias locales y liderazgos emergentes. Así, los hallazgos sobre los trabajadores peruanos permiten explorar formas alternativas de organización y representación laboral que se adapten a las características de trabajadores con regímenes laborales atípicos.

Al respecto, es crucial repensar las teorías sobre oportunidades políticas, tradicionalmente centradas en el rol de estas oportunidades para organizaciones sindicales institucionalizadas. También conviene, desde los hallazgos de este estudio, repensar analíticamente las dinámicas de liderazgo en contextos de desconfianza y debilidad en la sociedad civil. Comprender qué implica ello para la toma de decisiones individuales y grupales es clave en futuros estudios laborales. Esto sugiere la necesidad de ampliar la teoría, analizando cómo diferentes tipos de trabajadores, por ejemplo, aquellos en la economía de plataformas, vendedores callejeros o contratistas en sectores extractivos, pueden aprovechar coyunturas de inestabilidad para impulsar sus demandas.

Dado que esta es una primera aproximación al Paro Agrario, los hallazgos presentados abren varias líneas de investigación. Primero, el estudio sugiere que, incluso en ausencia de sindicatos fuertes, los trabajadores precarios latinoamericanos pueden construir formas alternativas de representación y movilización, basadas en redes comunitarias locales y liderazgos emergentes. Futuras investigaciones podrían analizar en qué condiciones estas formas logran sostenerse en el tiempo. Segundo, el caso invita a estudios comparativos con otros países de la región que atraviesan procesos de inestabilidad política, para comprender cómo las crisis en las élites abren oportunidades y desafíos para la resistencia laboral. Finalmente, dado el creciente rol de la agroexportación en las economías latinoamericanas, se vuelve crucial investigar las demandas y estrategias de los obreros del campo frente a los regímenes flexibles que suelen acompañar este modelo productivo.

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer a todas las personas que nos brindaron su tiempo para conversar sobre sus recuerdos, impresiones e interpretaciones sobre el Paro, así como a los numerosos colegas con quienes pudimos dialogar sobre nuestra lectura preliminar en diferentes espacios académicos. También agradecemos a Pierina Cavani por su apoyo durante el trabajo de campo, que permitió desarrollar algunos de los argumentos de este artículo.

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